Aprobar armas de fuego, ¿medida correctiva para un país enfermo?

· Ya no sabemos de qué manera actuarán los delincuentes. El Justiciero de la Marquesa despertó la polémica de si portar armas de fuego es una medida urgente ante un país que se desmorona ante la violencia.

La inseguridad en México es una realidad cada vez más preocupante. La violencia es, tristemente, uno de los ejes que configuran nuestro país en los últimos años.

El crimen organizado y sus disputas, por citar un ejemplo, han llevado el terror a varios puntos extremos. Desde orejas mochadas hasta manos mutiladas y colocadas en una plaza pública, en un plato de plástico, con guarnición incluida.

En este escenario de zozobra continua, surgen personajes como el ahora denominado Justiciero de la Marquesa, figura que ha despertado una interesante polémica sobre la portación de armas de fuego por parte de la ciudadanía.

Cuatro fueron las víctimas del Justiciero. Ladrones de oficio que azotan todas las carreteras del país, sin excepción. A estos ladrones les dio “cuello”, como si se tratara de una película. A las personadas asaltadas, según testimonios, les entregó sus cosas; pidió “paro” para que no lo denunciaran. La ciudadanía lo llama “héroe”; la justicia lo llamó “asesino” y ahora es un prófugo más de la “justicia”.

En este sentido, el senador Jorge Luis Preciado, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que es necesaria aplicar una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que a su consideración el Justiciero “actuó en legítima defensa”, ya que salvó la vida de más de 20 personas atacadas por los asaltantes.

Una de las justificaciones a su propuesta, es que, con la aplicación de la medida, los maleantes se la pensarán dos veces en caso de querer cometer sus fechorías, sabedores de que una persona podría estar cargando un arma para defenderse.

La violencia, de este modo, podría justificarse empleando el argumento de la defensa del patrimonio o protección personal. Preciado dice que, para que una persona pueda acceder a este recurso, tendría que pasar una serie de pruebas que mostraran la aptitud del solicitante para adquirir un arma.

¿Podrían aplicarse estas medidas ideales, en un país tan enfermo de corrupción como México? ¿Valdría la pena impulsar una ley de esta naturaleza, en una nación donde los policías enseñan a sus subalternos, que “no sean mensos” y aprendan a pedir el "moche"? ¿Podría apagarse el fuego con el fuego?